El alto costo tributario de la transformación de Barranquilla

Parques como el de La Pradera no son inversiones excepcionales, sino parte de una ambiciosa renovación urbana —junto a hospitales, vías, escuelas y canalización de arroyos— a la que Barranquilla apuesta desde 2008 con la llegada del grupo Char a la Alcaldía. 

Esa transformación se cimienta sobre una alta carga tributaria, que representa casi la mitad de sus ingresos corrientes. Actualmente, esos recursos están proyectados para financiar el 85,5% de su ‘Plan de Desarrollo Barranquilla, a otro nivel 2024–2027’, cuyo costo total es de $24,61 billones. 

El 14,5% restante, Barranquilla los proyecta con recursos de capital, es decir, dineros extraordinarios que espera conseguir, principalmente, mediante créditos con entidades nacionales y extranjeras.

Además del Impuesto Predial, dentro de esa carga tributaria son fundamentales tres rentas: el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el Impuesto a la Telefonía y la Estampilla Pro Hospitales. Solo en 2024, le representaron a las arcas distritales un poco más del billón de pesos, correspondientes a una tercera parte de sus ingresos corrientes. El ICA es el de mayor peso de estos tres.

Ese impuesto territorial lo pagan las empresas y personas naturales, según una tarifa fija por cada $1.000 de ingresos. Por ese concepto, Barranquilla ejecutó $962.662 millones en 2024 y su actual gobierno, en cabeza de Alejandro Char, espera que este año el recaudo aumente $43.000 millones. 

La Alcaldía anunció que con esos recursos de libre destinación recuperará más espacio público, como el Malecón del Suroriente y 34 nuevos parques; pavimentará 14 kilómetros de vías y mejorará 8.270 viviendas de estratos 1 y 2.

Otra renta clave con la que Barranquilla ha sostenido su ambicioso plan de obras durante los últimos 17 años ha sido la Estampilla Pro Hospitales, vigente para todas las transacciones de compra y venta de bienes inmuebles tras la expedición de varios acuerdos, el más reciente el 04 de 2023.

Ese cobro grava el 1,5% sobre el valor catastral del inmueble y el 0,75% para las viviendas de estratos 1 y 2, incluidas las de interés social. Ese valor es un monto que fija la Gerencia de Gestión Catastral del Distrito, a partir de la ubicación, características físicas y uso del inmueble. La cifra difiere del precio de venta en el mercado inmobiliario, que suele ser más alto.

Por cuenta de esa estampilla, en 2024 el Distrito ejecutó $37.151 millones. Esa plata, como ocurrió en el pasado, financia la infraestructura hospitalaria pública, así como la seguridad social y los salarios del personal del sector salud. 

Esa inversión es, particularmente, visible en la remodelación de dos hospitales (Nazareth y General de Barranquilla) y en la construcción de 37 Pasos y Caminos (hospitales de primer y segundo nivel que funcionan en las cinco localidades).

A los continuos aumentos del ICA y a la creación de la estampilla se suma el Impuesto a la Telefonía. Desde abril de 2016, Barranquilla lo cobra, tras la expedición del Acuerdo 0019 de 2015.

Con ese tributo, el Distrito ejecutó el año pasado $16.934 millones gravando el uso de las líneas telefónicas prepago y pospago registradas en esta capital. Por eso, los usuarios de esta ciudad asumen un doble pago: además del impuesto nacional al consumo para servicios de voz, están obligados a pagarle a la Alcaldía una tarifa adicional, según su estrato socioeconómico. 

El 90% de ese recaudo se ha destinado a la conservación y el mantenimiento de casi 300 parques como el de La Pradera —a través del programa Todos al Parque—, así como a la arborización de más de medio millón de metros cuadrados, a cargo de la empresa mixta Siembra Barranquilla. El 10% restante cubre parte del pasivo pensional de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT).

Pero no todos los ciudadanos se relacionan de la misma forma con la infraestructura pública fruto de esos tributos.

Desde que, el pasado 19 de mayo, el alcalde Char inauguró el parque en La Pradera, Manuel Moreno siente que hay una mejor “actitud ciudadana” entre sus vecinos, un mayor sentido de pertenencia que los impulsa a valorar y cuidar ese recuperado espacio público. 

Reconoce, sin embargo, que involucrarlos a todos en esa cruzada tomará tiempo. No faltan quienes aún botan basura, no recogen las heces de sus mascotas y hasta usan las jardineras como si fueran canecas para arrojar botellas y latas de licor. Transformar el cemento, sin duda, es más fácil que cambiar la cultura ciudadana.

De ese lado B de la relación de los residentes de La Pradera con el parque también es testigo Teresa Marrugo, jardinera de la empresa Siembra Más, asignada al mantenimiento de las lenguas de suegra, helechos y grama sembrados hace poco. Esta guardiana de las plantas lamenta que en menos de tres meses los arbustos y el césped no luzcan tan reverdecidos como en los días siguientes a la inauguración.

“Uno aquí encuentra desechos de todo, de bonice, de chuzos, de perro caliente, de helados. Toman en el parque y meten las botellas entre las matas. Tampoco recogen los excrementos de los animales”, lamenta. 

Al lamento de Teresa se une Jacobo Castro, operador de barrido, asignado por la empresa Triple A para la limpieza diaria del parque.  

Esa relación ambivalente entre apropiación y descuido se replica en otros parques de otras localidades de Barranquilla, como la misma Alcaldía lo ha denunciado y lo registran cada tanto los titulares locales. Un retrato de la compleja relación entre ciudadanía, cultura fiscal e infraestructura pública.

Aunque no todos cuidan lo construido, los datos muestran un respaldo ciudadano a las apuestas de Barranquilla con sus tributos. Según la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Barranquilla Cómo Vamos, esta es la capital donde más personas aprueban la forma en que se invierten los recursos públicos: el 38 % de los encuestados, por encima de Medellín, Bogotá y Cali.

Así, el Impuesto a la Telefonía ha aportado a la recuperación de casi dos millones de metros cuadrados de espacio público y a la siembra de más 120.000 árboles. Por eso, los ciudadanos satisfechos con las zonas verdes en sus barrios pasaron del 10% en 2009 al 54% en 2023, documentó Barranquilla Cómo Vamos.

En cuanto al recaudo de la Estampilla Pro Hospitales, además de la nueva infraestructura física, uno de los impactos más evidentes ha sido el aumento de la cobertura en salud, que para 2022 marcaba 93% (47% en régimen subsidiado), según la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Ese último indicador es mayúsculo porque hasta 2007 no todas las personas pobres estaban afiliadas y, para entonces, la cobertura del régimen subsidiado era del 76%; hoy supera el 90%.

A eso se suma que la red pública hospitalaria de Barranquilla, cuyo operador es MiRed IPS, fue la primera de Colombia en recibir la certificación de calidad de Icontec por su modelo preventivo en los barrios Caminantes de la Salud.

Y otro tributo fundamental en todo este proceso ha sido el ICA, que financia la modernización de la infraestructura escolar y de la malla vial.  

Con parte de esos recursos y aportes del Gobierno Nacional, Barranquilla ha construido 12 megacolegios e intervenido 120 de sus 154 escuelas, por más de $200.000 millones. 

Mientras que con su programa Barrios a la obra, que inició en 2008, ha construido 2.179 tramos viales que representan 353 kilómetros recuperados. Una inversión que garantiza el acceso a servicios públicos —recolección de basuras—, mayor seguridad —patrullajes policiales— y atención sanitaria —ingreso de ambulancias—.

Aún así, no todos son luces con los indicadores de calidad de vida de Barranquilla ni con el recaudo y la ejecución de sus tributos.

Aunque Barranquilla ha sido reconocida por su modelo de gobierno —y fue incluso sede del Foro de Desarrollo Local de la OCDE—, los desafíos que enfrenta no son menores.

Hoy es un territorio desbordado por la extorsión, fruto de la disputa territorial entre bandas criminales; su sistema de transporte público sigue siendo deficiente; la pobreza, si bien ha disminuido, aún marca cifras de dos dígitos; la insatisfacción por los servicios públicos crece, sobre todo por las altas tarifas de energía y la intermitencia de la red; y la cultura ciudadana no avanza al mismo ritmo que la millonaria infraestructura pública construida durante los últimos 17 años.

A ese listado de asignaturas pendientes se suman varias áreas grises de un modelo fiscal al que le ha faltado debate ciudadano.

El Impuesto a la Telefonía, por ejemplo, fue propuesto por el gobierno de Elsa Noguera semanas antes de terminar su periodo en el Paseo Bolívar y aprobado por el Concejo en sesiones extraordinarias en menos de un mes: el 19 de diciembre de 2015, obtuvo luz verde en la Comisión Segunda de Presupuesto y asuntos Fiscales, y cuatro días después, el 23 de diciembre, fue aprobado en Plenaria.

Dos días antes de salir de la Alcaldía, Noguera sancionó el acuerdo, en contra de una petición del entonces ministro de las TIC David Luna y de la oposición del gremio de telefonía móvil Asomóvil.

Sancionado el acuerdo, hubo una cascada de demandas para intentar tumbar ese impuesto. Entre los demandantes estuvieron distintos estamentos políticos (Máximo Noriega y Antonio Bohórquez), gremiales (Asomóvil) y ciudadanos (Carlos De la Hoz Guerra y Fernando Chacón Lebrún).

Sin embargo, en sentencia del 21 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo del Atlántico lo declaró legal, porque consideró que el Concejo sí tenía facultades para gravar la telefonía móvil invocando dos leyes de hace más de un siglo —la 97 de 1913 y la 84 de 1915— y porque esas normas no limitan la prestación del servicio telefónico a un tipo específico de tecnología. 

Situación similar ocurrió con los dos incrementos consecutivos, entre 2023 y 2024, del Impuesto de Industria y Comercio (ICA): pese a su impopularidad y a los llamados del sector empresarial, el Distrito los sacó  adelante sin mayor oposición en el Concejo.

Fue así como en 2023, con el Acuerdo 0006, el Concejo aumentó las tarifas del ICA hasta el 43% para el sector comercial y hasta el 57% para los industriales. Con estos cambios, algunas tarifas quedaron, incluso, por encima de los cobros de Bogotá, según un análisis realizado por Fundesarrollo.

Menos de un año después, en octubre de 2024, la Alcaldía volvió a presentar una propuesta de alza del ICA para nueve sectores y obtuvo luz verde en el Concejo.

Fundesarrollo y Barranquilla Cómo Vamos manifestaron su preocupación por la frecuencia de esos ajustes, superior a otras ciudades colombianas, porque podría deteriorarse la percepción de esta capital “como un destino de inversión y competitividad”. 

Además, el gremio de la pequeña y mediana empresa, Acopi, alertó que esos ajustes representaban más carga en momentos de “presiones significativas”.

El otro impuesto controversial ha sido la Estampilla Pro Hospitales. Desde su creación, en 2009, su cobro ha sido intermitente por cuenta de una batalla jurídica que ha enfrentado al gremio constructor Camacol Atlántico y al Distrito.

Aunque ambas demandas llegaron hasta el Consejo de Estado y fueron falladas a favor de Camacol, el Distrito revivió el cobro en 2023, basándose en una nueva ordenanza departamental que modificó el hecho generador para no ir en contravía de las sentencias judiciales.

Con la estampilla vigente y el cobro de otra más, la de pro-desarrollo, muchas familias han experimentado un incremento en los gastos de escrituración de sus viviendas de interés social al pasar de pagar unos $4.700.000 a cerca de $10.000.000.

La diputada Isabella Pulgar anunció que trabaja en un proyecto de ordenanza para que se exceptúen esos pagos en los proyectos de interés social.

A la escasa deliberación pública y al impacto económico sobre contribuyentes y empresas, se suma una opacidad institucional que limita el seguimiento ciudadano a los tributos, porque la Alcaldía de Barranquilla no entrega tan fácilmente información sobre los recaudos ni las inversiones.

Prueba de ello es que, para este reportaje, La Contratopedia debió interponer dos acciones de tutela para acceder a datos que son públicos y cuyo acceso no debería depender de órdenes judiciales. Aunque ambas fueron falladas a favor, la Alcaldía todavía no entrega la información completa sobre los recaudos y sus ejecuciones.

La opacidad en el destino de los tributos también se refleja en las adjunciones de recursos concentradas en un puñado de empresas. Hasta 2018, la firma A Construir —entonces con los empresarios Christian y José Manuel Daes entre sus accionistas— fue la más favorecida con la contratación de parques, al sumar $106.118 millones en adjudicaciones.

Esa concentración de millonarios recursos continúa en el actual gobierno de Char. Para la construcción del Malecón del Suroriente y la canalización del arroyo de la calle 85 no hubo pluralidad de oferentes. Ambos procesos, por $209.702 millones, se los ganó en 2024 la portuguesa Mota Engil. 

Ese contraste entre logros visibles y déficits institucionales resume la tensión principal del modelo barranquillero: un salto en menos de dos décadas —en infraestructura y en percepción ciudadana— sostenido por impuestos sin suficiente transparencia ni debate. Y aunque Barranquilla ha logrado cerrar brechas con sus homólogas del interior del país, esa apuesta la tiene hoy como una de las capitales más endeudadas de Colombia, que paga un alto costo democrático.