Ariel Zambrano Meza: el ascenso y la caída del director de Iderbol, protegido del senador Lidio García

La historia detrás del fallo que la Contraloría dejó en firme en mayo pasado se remonta a abril de 2020, cuando, en plena emergencia generada por la pandemia del Covid-19, el Sistema de Información para la Participación Ciudadana (SIPAR) de esa entidad recibió tres alertas sobre posibles irregularidades en la UNGRD con la entrega de kits. 

Esas entregas empezaron después del 17 de marzo, cuando el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia y ordenó el confinamiento total de los colombianos para detener los contagios. 

Desde entonces, la UNGRD compró mercados para distribuir casa a casa, a través de la figura de orden de proveeduría, un documento con el que esa entidad le autorizaba a diferentes proveedores esas entregas.  

En mayo de ese mismo año, el entonces contralor general Carlos Felipe Córdoba declaró de impacto nacional las denuncias sobre esas contrataciones, y en octubre, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción abrió un proceso de responsabilidad fiscal para investigar la compra de 767.677 kits, ejecutada mediante 89 órdenes de proveeduría.

Las órdenes fueron firmadas por el director de la UNGRD de ese momento, Eduardo González Angulo, y tres subdirectores, entre ellos Ariel Enrique Zambrano Meza, quien certificó la ejecución de varias de ellas en calidad de Subdirector para el Manejo de Desastres. 

En su investigación, la Contraloría encontró al menos dos irregularidades:

• La existencia de sobrecostos.
• Y cajas de alimentos con deficiencias en las cantidades. Es decir, menor gramaje, volumen (mililitros) o ausencia de unidades de ciertos productos. 

Sobre la primera irregularidad, el ente de control concluyó que sí hubo “sobrecostos significativos” en los kits alimentarios porque, aunque la UNGRD usó como base un estudio de mercado de 2014 —cuyos precios eran en teoría más bajos que los de 2020—, los valores contratados en plena pandemia resultaron ser incluso más altos que los precios reales del mercado en ese momento.

Esto ocurrió, detalló la Contraloría, porque la entidad no actualizó técnicamente el estudio ni cotejó los precios con las condiciones reales del mercado durante la emergencia. Por el contrario, contrató kits con un incremento sin una justificación válida.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores de la Contraloría cotizaron los precios de los 14 productos de los kits en cuatro plazas de mercado y cinco almacenes de cadena en Bogotá, tomando como referencia la semana del 4 de abril de 2020, cuando la UNGRD inició la firma de las órdenes de proveeduría.    

El análisis técnico arrojó un valor de $96.710 para cada kit, es decir, $9.540 menos que los $106.250 en los que la UNGRD pagaba cada paquete a fecha del 3 de abril de 2020, sin sumar los costos de caja, embalaje de productos y transporte de estos.

Para sustentar la segunda irregularidad, la Contraloría documentó que al menos 12 proveedores incumplieron con las cantidades estipuladas en los contratos para cada kit. Hubo menos gramos o mililitros en bienes básicos como arroz, fríjol, leche y aceite. 

Por ejemplo, en el contrato firmado entre la UNGRD y la Corporación Ceres hubo menores gramajes en atunes en lata, panela y pastas alimenticias. Mientras que en otro firmado con Industrias La Loma hubo menos gramos de fríjol bolón, leche en polvo y lenteja importada. 

Por ambas irregularidades, el ente de control calculó en $2.536 el monto total del daño patrimonial causado al Estado, valor indexado a febrero de 2025, cuando la Contraloría emitió el fallo de responsabilidad fiscal. De ese valor, el daño por sobrecostos fue de $2.217, mientras que el detrimento por menores cantidades de productos fue de $319.268.316.

En todo este entramado, la Contraloría identificó que el entonces subdirector Zambrano tuvo una actuación “omisiva y negligente” al avalar pagos de varias órdenes de proveeduría con sobrecostos y sin verificar si los productos entregados coincidían con lo contratado.

“Su actuar, caracterizado por la falta de diligencia y previsión exigidas a un funcionario de su nivel, facilitó la generación de un detrimento patrimonial al Estado, afectando no solo los recursos públicos sino también la finalidad humanitaria de las ayudas”, se lee en el fallo.

En su decisión, la Contraloría calificó la actuación de Zambrano como una “culpa grave” y lo halló responsable fiscal por $904.139.565, de los cuales $781.064.025 corresponden a sobrecostos en contratos y los $123.075.541 restantes a cantidades faltantes en los mercados que recibieron las familias.

Zambrano, sin embargo, negó tener responsabilidad en estos hechos y apeló la decisión. 

En marzo de este año, un mes después del fallo de responsabilidad fiscal en su contra, Zambrano —al igual que el exdirector de la UNGRD y los otros dos exsubdirectores— presentó apelación a esa decisión. 

En esa apelación, negó tener responsabilidad directa en la ejecución contractual de los kits alimentarios y sostuvo que su función en la UNGRD se limitaba a aprobar solicitudes que otros gestionaban y certificaban previamente. 

“No eran los responsables de verificar la entrega de los kits a cabalidad, ni podían hacerlo personalmente por el contexto de la pandemia, no podían llegar a todos los territorios y por esa razón precisamente trabajaban en conjunto con los entes territoriales, los cuales eran quienes debían verificar que la entrega en terreno se hiciere de manera adecuada”, argumentó el abogado de Zambrano y de los demás exsubdirectores.

El exsubdirector Zambrano también alegó que en este proceso no se podría hablar de sobrecostos, porque —según argumentó su abogado— los kits fueron contratados de acuerdo con el Manual de Estandarización establecido por la entidad.

La Contraloría General desestimó cada uno de esos argumentos. En el auto que dejó en firme el fallo, en mayo pasado, detalla que Zambrano tenía la responsabilidad legal y funcional de verificar la entrega efectiva y conforme de los bienes antes de certificar los pagos. 

El ente de control señaló que, contrario al argumento del abogado de Zambrano, para corroborar la correcta ejecución de los contratos no solamente existía la posibilidad de ir personalmente.

“Podían (los exsubdirectores) reunirse y convocar a los entes territoriales, proveedores, entre otras opciones, lo que no hicieron con el rigor necesario”, menciona el auto.

Con la ratificación del fallo, el nombre de Zambrano quedó registrado en el Boletín de Responsables Fiscales, listado oficial que emite la Contraloría para reportar a quienes tienen deudas fiscales con el Estado. 

Estar en ese boletín representa una causal de inhabilidad para ejercer cargos públicos en Colombia, un golpe que, por ahora, frena una carrera construida en gran parte bajo el amparo del cacique liberal de Bolívar.

A finales de 2014, cuando el entonces gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, lo nombró director de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Zambrano aterrizó en el sector público de la mano del diputado por el partido de La U, Carlos Feliz Monsalve.

A ese cargo llegó a reemplazar a Erick Piña Feliz, primo del diputado, quien renunció, en octubre de 2014, para no inhabilitarse de cara a las regionales de 2015.

La relación entre Zambrano y el diputado Feliz duró poco: antes de que terminara el gobierno de Gossaín, en 2015, empezó a acercarse más al entonces senador liberal Lidio García Turbay, que para ese momento había sido reelegido por primera vez como Senador de la República.

Desde entonces, la relación entre García y Zambrano empezó a hacerse mucho más cercana, al punto de que sus nombramientos públicos tras su paso por Gestión del Riesgo de Bolívar han sido de la mano del senador.

“Cuando Dumek llegó a la Gobernación en enero de 2016 lo ratificó en el cargo de Gestión del Riesgo, pero ya como cuota de Lidio”, le dijo a La Contratopedia un político activo que formó parte de la administración departamental de Dumek Turbay, entre 2016 y 2019. 

Fue, justamente, de la mano del ahora presidente del Senado que Zambrano llegó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

“Lidio fue quien recomendó su nombre para que, en representación de los liberales, el presidente Duque lo nombrara como subdirector de Gestión del Riesgo”, le contó a este medio un funcionario de la UNGRD en Bogotá que pidió no ser citado para evitarse líos.

Al menos cuatro fuentes políticas en Bolívar le corroboraron a La Contratopedia que Zambrano logró ese puesto en representación de García y agregaron, por separado, que entre ellos hay una relación mucho personal. “Ellos ahora mismo son amigos”, precisó una de las fuentes.

Por cuenta de esa amistad, Zambrano volvió a la Gobernación de Bolívar tras su paso por la UNGRD. 

En 2022, también con el respaldo del senador García, el entonces gobernador Vicente Blel Scaff lo nombró director de Iderbol, en medio de las investigaciones que ya afrontaba en la Contraloría, por los sobrecostos en los kits de alimentación. 

Entró a reemplazar a Pedro Alí Alí, quien ocupaba ese cargo desde enero de 2020, en representación burocrática del grupo del senador liberal.

Desde entonces, Zambrano está en ese cargo porque Arana lo ratificó, en enero de 2024.